Las víctimas de delitos violentos en la provincia de Buenos Aires tendrán mayor participación y garantias en los procesos penales seguidos contra los acusados y deberán ser informadas sobre cualquier decisión que implique morigeración de prisión o excarcelación de los condenados por esos hechos.
Así lo establece la reforma al Código de Procedimiento Penal que sancionó ayer el Senado bonaerense, en una maratónica sesión que terminó de madrugada en la que además se votó el Presupuesto y la Ley Fiscal enviadas por el gobernador Axel Kicillof.
La denominada "Ley de Víctimas" venía siendo reclamada en la Provincia desde hace varios años por asociaciones que agrupan a víctimas de delitos, que pedían que la Provincia alinee su legislación con la norma que se votó en el Congreso Nacional a mediados de 2017. Se trata de una reforma que tuvo como principales impulsores a víctimas de delitos resonantes, como la platense Carolina Píparo, hoy diputada provincial de Juntos por el Cambio.
Fue justamente el bloque opositor el que volvió este año a impulsar el proyecto, usando como plataforma política la mayoría que controla en el Senado bonaerense. Por eso, la iniciativa se había instalado en el eje de un fuerte tironeo político entre Juntos por el Cambio y un sector del Frente de Todos, que se resistía a votar el proyecto con su redacción original. En el medio, en el Ministerio de Justicia bonaerense que conduce Julio Alak tampoco veían con buenos ojos que la Legislatura avance con una reforma parcial del Código de Procedimiento sin intervención del Ejecutivo.
A mediados de septiembre el proyecto había sido aprobado en el Senado, con los votos de Juntos por el Cambio. Pero en su paso por Diputados, el texcto fue modificado para incorporar una serie de modificaciones a partir de una propuesta del massista José Luis Pallares.
Finalmente, ayer fue sancionado por unanimidad en la Cámara Alta.
La Ley de Víctimas bonaerense otorga mayor participación y garantías en el proceso penal a las víctimas de delitos y contempla la asistencia jurídica gratuita cuando no puedan afrontar los gastos. La norma modifica el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal con el objetivo de “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso”.
En sus principales lineamientos se establece que “garantizará y asegurará a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo”.
Contempla, además, que la asistencia letrada a las víctimas será gratuita “cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos”.
También se crea el Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, un organismo de “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos”.
El Observatorio estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones, familiares, representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Senado y la Cámara de Diputados, con un total de seis legisladores.
La ley prevé también que durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.
Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.
En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.
Además, crea el Consejo de Víctimas, un reclamo del colectivo de familiares de víctimas de delitos.
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